Cómo meterle freno al lavado de dinero

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Pese al interés de las autoridades financieras, hacendarias y judiciales por identificar y frenar el lavado de dinero, México sigue en una franca lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El crimen organizado, la corrupción, la crisis económica y la falta de información parecen impulsar un fenómeno que tiene a México bajo la lupa como un país que lejos de mejorar en este reglón, da pasos para atrás.

Y es que de acuerdo con el Índice de Blanqueo de Dinero 2016, realizado desde 2012 por el Basel Institute on Governance, luego de ocupar la posición 105 en 2014 (en un listado de 162 naciones), en 2015 México subió ocho peldaños en un universo de 152 países, sugiriendo una mayor oportunidad para este tipo de ilícitos.

Así mientras en 2012 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculaba que en México se lavaban más de 170 mil millones de pesos al año, en 2013 el INEGI presentaba un reporte aludiendo el blanqueamiento de unos 340 mil millones de pesos. ¿A cuánto asciende la cifra en la actualidad? Es difícil saberlo, pero se cree que podría llegar a unos USD$50,000 millones al año.

Para meterle freno a esta situación no hay varita mágicas, ni conejos bajo la chistera. Lo que sí existe es un marco regulatorio con cuatro normativas que sientan la bases para la prevención e identificación del lavado de dinero: Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley Federal de Extensión de Dominio y Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Por un lado, empresas y particulares deben sujetarse a ellas en un ánimo ético y responsable y, por otro, las autoridades fiscales y judiciales deben asegurarse de hacerlas valer.

Cada marco regulatorio tiene su importancia, pero es la LFPIORPI, aprobada en 2012, la que establece las medidas y procedimientos para prevenir operaciones con recursos ilícitos y que por su importancia vale la pena que particulares y empresas conozcan (y cumplan).

El ABC de la ley
El objetivo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es blindar el sistema financiero (art. 17) y las actividades económicas realizadas por particulares (art. 14) mediante la recopilación de información y documentación necesaria para identificar, en caso de ser necesario, a quienes prestan este tipo de servicios, a quienes los demandan y a sus beneficiarios.

Engloba 16 actividades financieras entre las que destacan juegos, concursos y sorteos, construcción y compra venta de inmuebles, joyas y obras de arte, así como la comercialización de vehículos (aéreos, marítimos y terrestres) y tarjetas de prepago, servicios de blindaje, además de ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios.

Quienes realicen dichas actividades están obligados, entre otras cosas, a identificar a clientes y usuarios que superen el umbral de identificación de la operación en cuestión marcada por la ley y a presentar avisos periódicos ante el SAT sobre las operaciones realizadas por los mismos a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la realización de la operación que le diera origen. Además, deben resguardar la información durante cinco años.

Lo anterior pudiera parecer engorroso y cansado, pero representa la seguridad ante la ley para todos aquellos que realizan actividades vulnerables. Si no lo crees, imagina lo que pasaría si por error una empresa omite declarar actividades incorrectas de un tercero. Es un hecho que recibiría castigo.Frente este panorama debes saber que en México existe PreveNet, un sistema de gestión y protección de información en la nube para ayudar a las personas físicas y morales a cumplir con esa legislación.

Se trata de un software fue desarrollado por los expertos de BeCloud y funciona mediante un esquema de semaforización que te permite diversas acciones, como identificar topes en el uso de dinero en efectivo y operaciones que superan el monto establecido por la ley, generar expedientes electrónicos de los clientes con detalles sobre las transacciones, tales como montos y forma de pago y recabar y respaldar por cinco años la información de clientes.

No corras riesgos. Cumple con la LFPIORPI y evita sanciones de 200 hasta 65,000 días de salario mínimo general (SMG) vigente por no cumplir lo que dicta.

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